SUEZ ENVIRONNEMENT presta servicios de agua y saneamiento para 125 millones de clientes en el mundo entero. Nueve millones de ellos se encuentran por debajo del umbral de pobreza.
En Buenos Aires, el 20% de la población vive en barrios carenciados o en villas de emergencia. Para cumplir con el desafío que planteaba la conexión de estos barrios a la red de agua potable, Aguas Argentinas desarrolló un marco metodológico innovador que integra los aspectos económicos, sociales e institucionales característicos de este tipo de población.
Este marco metodológico, definido como « modelo participativo de gestión” (MPG), privilegia una lógica de demanda de servicios por parte de los futuros beneficiarios, en lugar de una oferta de servicio par parte del prestatario.
Un enfoque adaptado a las necesidades de los habitantes
El desarrollo de este programa se apoya en una metodología en la que las decisiones resultan de la participación de todos los actores involucrados: futuros clientes, municipios, ente regulador, ONGs, asociaciones barriales, concesionarios.
Los habitantes expresan sus solicitudes de acceso a los servicios de agua y/o saneamiento. Designan representantes que participan en las decisiones relativas al proyecto y a la gestión del cobro de facturas.
Las autoridades locales validan las diferentes etapas del proyecto y participan en las reuniones de concertación entre la empresa, las instituciones locales y los representantes de las comunidades.
Aguas Argentinas se encarga del diseño y la dirección técnica de los proyectos, pero planifica su ejecución con la totalidad de los actores involucrados.
Para el acompañamiento de los proyectos, Aguas Argentinas cuenta con la colaboración de ONGs o asociaciones de representación barrial.
Un modelo aplicado exitosamente en beneficio de las comunidades
Entre 2003 y 2005, el modelo MPG permitió la incorporación de alrededor de 100.000 habitantes de barrios carenciados o villas de emergencia.
Además de permitir el acceso a las redes de agua potable y saneamiento, este modelo contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades involucradas, gracias a los planes de capacitación (capacitación técnica para la construcción de las redes, educación social y sanitaria acerca del buen uso del agua) y la creación de puestos de trabajo directos o indirectos.
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